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FRIA: la evaluación de impacto en derechos fundamentales del AI Act, explicada

La FRIA (Fundamental Rights Impact Assessment) es una evaluación que el artículo 27 del AI Act exige antes de usar ciertos sistemas de alto riesgo. No afecta a todo el mundo, pero sí a organismos públicos y a algunas empresas. Aquí tienes cómo saber si te toca y qué debe contener.

Qué es, en sencillo

Es como el estudio de impacto antes de construir una carretera: antes de usar un sistema que puede afectar a derechos de las personas (acceso a un crédito, a un servicio público), hay que pensar a quién afecta, cómo y qué se hará si algo sale mal.

Quién debe hacerla

  • Organismos de derecho público.
  • Entidades privadas que prestan servicios públicos.
  • Responsables del despliegue de ciertos sistemas de alto riesgo: evaluación de solvencia o calificación crediticia de personas, y fijación de precios en seguros de vida y de salud.

Comprueba el texto del artículo 27 y el Anexo III para tu caso.

Qué debe incluir

  1. Descripción de los procesos en que se usará el sistema y su finalidad.
  2. Periodo y frecuencia de uso.
  3. Categorías de personas que pueden verse afectadas.
  4. Riesgos específicos de daño para esas personas.
  5. Medidas de supervisión humana.
  6. Medidas ante la materialización de los riesgos, incluidos gobierno interno y mecanismos de reclamación.

Relación con la DPIA

Si ya haces una evaluación de impacto en protección de datos, puedes reutilizar gran parte de la información y completarla con el análisis de otros derechos (no discriminación, acceso a servicios, entre otros).

Por dónde empezar

  1. Inventaría tus sistemas de IA y clasifica su riesgo.
  2. Identifica si alguno entra en el artículo 27.
  3. Prepara una plantilla que reutilice tu DPIA.

Preguntas frecuentes

¿Quién debe hacer la FRIA?

Organismos públicos, entidades privadas con servicios públicos y responsables de ciertos sistemas de alto riesgo.

¿Es lo mismo que la DPIA?

No: la FRIA abarca derechos fundamentales en general.

Contenido informativo, no asesoramiento jurídico.

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